Buscan endurecer penas contra quienes induzcan a menores al alcohol, drogas, sexo o delitos

Pedro Hernández | Compendio Quintanarroense

Quintana Roo.- El diputado Rubén Antonio Carrillo Buenfil propuso elevar de 6 a 12 años a un rango de 8 a 15 años de prisión las penas por corrupción de menores en Quintana Roo, además de aumentar las multas contra adultos que induzcan, faciliten u obliguen a niñas, niños y adolescentes a consumir alcohol o drogas, participar en prácticas sexuales o involucrarse en actividades delictivas.

La propuesta plantea reformar el primer párrafo del Artículo 191 del Código Penal de Quintana Roo y aumentar la sanción económica de los actuales 100 a 400 días multa a un rango de 200 a 500 días multa, manteniendo además la inhabilitación para ejercer como tutor.

“Estamos presentando una iniciativa para elevar las sanciones sobre la corrupción de menores y adolescentes que son inducidos al alcohol, las drogas, el sexo o incluso a actividades delictivas. Actualmente la pena está entre 6 y 12 años y estamos proponiendo que se eleve de 8 a 15 años”, explicó el legislador.

El planteamiento abarca conductas relacionadas con el consumo de narcóticos y bebidas alcohólicas, prácticas sexuales, exhibicionismo corporal o sexual y la utilización de menores para cometer delitos o incorporarlos a asociaciones delictuosas. En los casos en los que exista una obligación directa para realizar alguna de estas conductas, la iniciativa contempla que la pena pueda incrementarse hasta en una mitad más.

Carrillo Buenfil sostuvo que el endurecimiento de las sanciones busca reforzar la protección de las personas menores de 18 años y de quienes no tengan capacidad para comprender el significado de los hechos, ante conductas capaces de afectar su desarrollo físico, psicológico y social.

El diputado también llamó a fortalecer la cultura de la denuncia cuando familiares, amigos o cualquier persona tengan conocimiento de hechos que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes. La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de que cualquier modificación pueda entrar en vigor.