Un esquema de desvío millonario de recursos públicos habría operado dentro del ISSSTE en los años 2016 y 2017, según un comunicado de la institución, en el que se denuncia el uso indebido de su nombre y patrimonio en favor de una fundación privada. La operación incluyó la captación irregular de donaciones, el uso de instalaciones sin retribución y la instalación de cafeterías en espacios del ISSSTE sin beneficio para la institución.
Lo grave del asunto no es solo el desfalco, sino la impunidad con la que se permitió. ¿Quiénes estaban a cargo de vigilar estos recursos? ¿Cómo es posible que una fundación ajena a la institución haya operado con total libertad dentro del ISSSTE sin levantar sospechas? Las omisiones y la complicidad dentro de la administración de aquel entonces resultan innegables.
El ISSSTE ha logrado recuperar hasta ahora 20 espacios físicos involucrados en este esquema, aunque aún restan siete más. Mientras tanto, las denuncias penales y administrativas avanzan, aunque el comunicado no menciona a ningún funcionario en particular. ¿Hasta dónde llegará la responsabilidad de los implicados?
Este caso es un claro reflejo de cómo el patrimonio público fue saqueado durante años mediante estructuras que operaban bajo la apariencia de legalidad. Pero con la facilidad y permiso de todos los altos mandos.

